La situación judicial de Evo Morales se complicó nuevamente en Bolivia. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ordenó la aprehensión del expresidente por su presunta participación en las movilizaciones que mantuvieron bloqueadas diversas carreteras del país durante más de siete semanas.
Morales, de 66 años, rechaza los señalamientos y acusa al gobierno del presidente Rodrigo Paz de impulsar una persecución en su contra.
La orden representa el más reciente capítulo de una prolongada confrontación entre el exmandatario y las autoridades bolivianas.
Seis acusaciones pesan sobre el expresidente
La Fiscalía atribuye presuntamente a Morales seis delitos relacionados con los bloqueos:
Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Entre estos cargos destacan terrorismo y alzamiento armado, considerados especialmente graves dentro de la legislación boliviana.
De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, la denuncia fue presentada inicialmente por el Comité pro Santa Cruz y posteriormente se incorporó el ministro de Gobierno.
Las autoridades buscan determinar qué papel tuvo Morales en las protestas que provocaron interrupciones prolongadas en las principales vías del país.
¿Qué provocó los bloqueos?
Las movilizaciones se produjeron en medio del descontento generado por las medidas económicas del gobierno de Rodrigo Paz.
Los manifestantes protestaron por cuestiones como la inflación y la falta de combustible, mientras que los bloqueos provocaron problemas de abastecimiento en distintas ciudades.
La Defensoría del Pueblo reportó que el conflicto dejó 22 muertos, 88 heridos y 573 personas detenidas.
La mayoría de los fallecimientos, según el organismo, ocurrió en accidentes de tránsito relacionados con los bloqueos. También hubo víctimas en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
El gobierno considera que Morales tuvo responsabilidad política en las movilizaciones debido a sus declaraciones públicas en respaldo de los bloqueos.
El expresidente acusa una persecución
Morales ha rechazado cualquier responsabilidad penal y asegura que el proceso tiene una motivación política.
El exmandatario afirmó que las autoridades pretenden responsabilizarlo de las movilizaciones para ocultar los problemas económicos y sociales que enfrenta Bolivia.
También calificó las acciones judiciales en su contra como una “brutal guerra judicial”.
El expresidente ha defendido los bloqueos como una forma legítima de presión social y recordó que movimientos similares fueron utilizados históricamente para combatir gobiernos autoritarios y recuperar espacios democráticos.
Morales permanece protegido en el Chapare
La ejecución de la orden de aprehensión podría resultar complicada debido a que Morales permanece en la región del Chapare, en Cochabamba.
El lugar es considerado uno de sus principales bastiones políticos y cuenta con una importante presencia de organizaciones campesinas y cocaleras que mantienen su respaldo.
De acuerdo con declaraciones citadas por medios internacionales, cientos de simpatizantes permanecen cerca del expresidente para evitar una eventual detención.
El gobierno ha evitado presentar la situación únicamente como un enfrentamiento político y sostiene que corresponde a la justicia determinar la responsabilidad del exmandatario.
Un proceso anterior también mantiene a Morales bajo presión
La nueva acusación no es el único problema legal que enfrenta Evo Morales.
Desde 2024 existe otro proceso relacionado con una investigación por presunta trata y tráfico de personas. Las autoridades sostienen que el caso tiene relación con una supuesta relación entre Morales y una menor de edad durante su último periodo presidencial.
Morales ha negado los hechos y también ha denunciado que ese expediente forma parte de una persecución política.
El proceso avanzó sin la presencia del expresidente, quien se ha mantenido en el Chapare y ha rechazado acudir ante las autoridades en las condiciones planteadas por la justicia.
Bolivia vuelve a entrar en tensión
La nueva orden de captura coloca otra vez a Morales frente a un escenario complicado.
Por un lado, la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para investigar su presunta participación en las protestas y los bloqueos. Por otro, el exmandatario afirma que las acusaciones buscan eliminarlo políticamente.
El gobierno de Rodrigo Paz insiste en que la orden no fue emitida por el Ejecutivo, sino por la justicia boliviana.
Mientras tanto, Evo Morales permanece en el Chapare y sus seguidores han advertido que cualquier intento de detenerlo podría generar nuevas movilizaciones.
El caso, además de tener implicaciones judiciales, podría profundizar la tensión política en Bolivia y reabrir el debate sobre el papel que Morales mantiene en la vida pública del país.
