La reforma electoral no alcanzó la votación requerida para su aprobación, debido a que se trata de una propuesta constitucional se necesitaban dos terceras partes de los votos a favor pero solo llegó a 269 votos a favor, una abstención y 225 en contra dando como resultado que el proyecto sea desechado.
Este dictamen proponía modificaciones a 17 artículos de la Constitución Política, entre los cuales destaca la supresión del Instituto Nacional Electoral (INE) para crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), así como la reducción de 11 a 7 consejeros electorales y su elección por voto popular.
También planteaba la disminución de diputados federales pasando de 500 a 300 y de igual manera con los senadores los cuales pasarían de 128 a 96, además la eliminación de los legisladores de mayoría relativa y establecería un sistema de elección mediante listas en las 32 entidades federativas.
El partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, al momento de ver que la reforma electoral había sido rechazada decidió centrarse en el llamado “Plan B” el cual constaba de aceptar el rechazo de la reforma y aprobar las leyes secundarias para compactar la estructura del INE y quitarle atribuciones al momento de sancionar a los partidos políticos, todo esto se programó para una segunda sesión.
La bancada dio prioridad a su aprobación y abrió una vía rápida para que fuera llevada al pleno apenas horas después de ser presentada, confiada de que a diferencia de la reforma electoral, la aprobación de la reforma de leyes como lo es el llamado “plan B” solo necesita de una mayoría simple para salir adelante.
Este segundo intento está delineado en un documento de más de 300 páginas, que se votó en una sesión maratónica que duró más de 5 horas “Se establecen límites a las acciones arbitrarias tanto del INE como del TEPJF (el Tribunal Electoral) respecto de interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos político-electorales, la autodeterminación de los partidos políticos, entre otros”, se lee en los objetivos de la iniciativa de López Obrador.
Otro punto polémico que se destaca de este documento es la prohibición de “calumniar” a los Gobiernos y posibles interpretaciones problemáticas. “La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de estos”
En las generalidades, este ya aprobado plan B aprueba la modificación de leyes como la Ley General de instituciones y procedimientos electorales, la Ley de partidos políticos y la Ley federal de responsabilidades administrativas, entre otras.
Con acciones como la compactación de estructuras administrativas, la eliminación de fideicomisos del INE con 3 mil 605 MDP y la desaparición del encargado de resolver procedimientos sancionadores por violaciones a la aplicación imparcial a recursos públicos y actos anticipados de campaña, la sala regional especializada del Tribunal Electoral.
El proyecto consideraba también la eliminación del financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos, aunque mantiene las prerrogativas para campañas electorales.
El Plan B de la reforma electoral obtuvo 261 votos a favor y 216 en contra (de la oposición) durante la votación que ocurrió en la madrugada de este miércoles. El paquete de reformas se turnó al Senado para su discusión.
