La reforma que pone fin a las denominadas “pensiones doradas” fue declarada constitucional tras obtener el respaldo de 20 congresos locales, consolidando la modificación del artículo 127 de la Constitución.
A partir de ahora, las pensiones de exfuncionarios públicos no podrán exceder el 50% del salario del Ejecutivo federal, lo que establece un límite aproximado de 70 mil pesos mensuales.
La medida impacta a diversas instituciones del sector público, entre ellas Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, así como organismos descentralizados, fideicomisos y empresas con participación estatal.
También se contempla la revisión y ajuste de las pensiones que actualmente superan este monto, en línea con lo establecido por la nueva disposición constitucional.
De acuerdo con el Senado de México, esta reforma busca eliminar beneficios excesivos y fortalecer el uso responsable del gasto público.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que esta acción forma parte de una estrategia para erradicar privilegios y priorizar el bienestar social.
El impacto financiero estimado apunta a un ahorro de hasta 5 mil millones de pesos anuales.
