En una decisión histórica, el Congreso de Quintana Roo ha aprobado una enmienda al Código Penal que eleva el maltrato infantil a la categoría de delito grave. Esta medida, que marca un hito en la protección de los derechos de la infancia en el estado, busca erradicar prácticas normalizadas como los “chanclazos”, “jalones de oreja” y “coscorronazos”, consideradas hasta ahora como formas de disciplina aceptables pero que, en realidad, constituyen maltrato infantil.
La diputada Maritza Basurto, impulsora de esta modificación legal, destacó la importancia de la misma para salvaguardar a los niños y niñas de Quintana Roo de situaciones de violencia que pueden dejar secuelas físicas y emocionales de por vida.
La enmienda establece penas de prisión que van desde los 4 a los 12 años para aquellos responsables de causar daño a menores en el ejercicio de la patria potestad, tutela, custodia o responsabilidad de cuidado y vigilancia. Sin embargo, estas penas pueden aumentar hasta en una mitad en casos específicos, tales como cuando la víctima sea menor de 12 años, presente una discapacidad o el maltrato sea recurrente, llegando así a una pena máxima de 18 años de prisión.
Inicialmente enfocada en el trabajo infantil y la explotación, la propuesta de Basurto se amplió tras un exhaustivo análisis en comisiones para abarcar cualquier forma de castigo corporal, humillación o agresión psicológica por parte de padres, tutores, familiares o incluso maestros.
La presidenta de la JUGOCOPO, diputada Jissel Castro Marcial, subrayó que esta reforma recién aprobada busca expandir la protección para las niñas, niños y adolescentes que enfrentan algún tipo de violencia dentro del ámbito familiar. Con esta medida, se establece un nuevo tipo penal en la legislación, con sanciones contundentes contra quienes perpetren cualquier forma de maltrato infantil, asegurando así un entorno más seguro y saludable para las generaciones futuras de Quintana Roo.
Redacción / El Telégrafo
