Nintendo enfrenta acciones legales en Brasil

Nintendo enfrenta acciones legales en Brasil por prácticas restrictivas

Nintendo se encuentra en el centro de la atención legal en Brasil, donde enfrenta acciones por su capacidad de bloquear o inutilizar remotamente las consolas Switch 2 al detectar el uso de accesorios no autorizados o software pirata. Esta práctica ha suscitado críticas debido a que restringe permanentemente el acceso a la eShop y a funcionalidades de juego en línea.

La oficina Procon-SP, encargada de la protección del consumidor en São Paulo, ha calificado las cláusulas presentes en el acuerdo de licencia de Nintendo como abusivas. Según Procon-SP, la compañía no justifica adecuadamente las restricciones y sanciones impuestas a los usuarios, lo que ha llevado a la intervención de esta entidad reguladora.

En un giro importante en el proceso, Procon-SP ha otorgado a Nintendo un plazo de 20 días para presentar una respuesta a las alegaciones y ha solicitado modificaciones en los términos de uso de la consola para que se alineen con la legislación de protección al consumidor en Brasil. La oficina ha subrayado que ninguna normativa interna de una empresa puede prevalecer sobre la legislación nacional.

Ante estas circunstancias, Nintendo ha decidido contratar a un despacho legal local para gestionar el caso, reafirmando que sus políticas antipiratería están claramente delineadas en los términos aceptados por los usuarios al activar sus consolas. Sin embargo, la presencia de un solo despacho legal podría plantear desafíos, ya que se ha cuestionado la falta de representación legal formal de Nintendo en Brasil, lo que afectaría su capacidad para exigir responsabilidad bajo el Código de Defensa del Consumidor del país.

Este conflicto ha renovado el debate sobre los límites a la modificación de dispositivos, las barreras en contra del software ilegal y los derechos del consumidor en Brasil. La resolución de este caso podría establecer un precedente significativo en la relación entre fabricantes y consumidores, marcando el tono para futuras disputas legales en el sector tecnológico.

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