La figura de Yoon Suk Yeol pasó de ser una de las más prominentes en la política asiática a convertirse en símbolo de un conflicto institucional sin precedentes. Su mandato presidencial, que comenzó con promesas de estabilidad y crecimiento, terminó en uno de los capítulos más oscuros de la historia democrática del país.
El origen de la crisis se remonta al 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon ordenó la declaración de la ley marcial, argumentando que fuerzas opositoras “anti-estado” controlaban el Parlamento y paralizaban al gobierno. Esta medida —la primera de ese tipo en Corea del Sur en más de cuatro décadas— incluyó el despliegue de tropas alrededor de la Asamblea Nacional y restricciones a la actividad política.
Sin embargo, la maniobra fracasó en cuestión de horas ante la presión de legisladores, manifestantes y líderes civiles, desencadenando un proceso de impeachment (juicio político) que culminó con la destitución de Yoon en 2025. Posteriormente fue arrestado y sometido a múltiples procesos judiciales, siendo el más grave el de insurrección que acaba de concluir con una sentencia de prisión perpetua.
Este suceso no solo ha impactado la política interna, sino también la percepción internacional de Corea del Sur, una nación clave en la geopolítica del Este Asiático y aliado estratégico de países como Estados Unidos y Japón.
