La Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de determinar si existen elementos para investigar las acusaciones que Joaquín “El Chapo” Guzmán realizó en 1993 contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada este miércoles sobre el contenido de una declaración realizada por el exlíder del Cártel de Sinaloa, en la que mencionó una presunta relación entre Ruffo y miembros de la organización de los Arellano Félix.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que no corresponde al Ejecutivo determinar por anticipado si debe iniciarse una investigación.
“Ya que la Fiscalía vea si es necesaria una investigación”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina.
La presidenta agregó que existe un antecedente similar relacionado con publicaciones realizadas por el expresidente Felipe Calderón en 2017.
La declaración de 1993 que volvió a la discusión pública
El origen de los señalamientos se encuentra en una declaración ministerial realizada por Joaquín Guzmán Loera el 9 de junio de 1993.
En ese momento, “El Chapo” había sido detenido cerca del cruce fronterizo de Talismán, Chiapas, y rindió declaración ante una agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de la República.
Según el documento difundido por Milenio, Guzmán Loera habló de la relación entre Benjamín Arellano Félix y Ernesto Ruffo Appel, quien entonces era gobernador de Baja California.
En su declaración, el capo afirmó que Arellano Félix le había comentado que mantenía una relación cercana con el gobernador panista.
También aseguró que el entonces procurador de Justicia de Baja California tenía una relación de amistad con integrantes de la familia Arellano Félix.
Presuntas credenciales de la Policía Judicial
Uno de los puntos centrales del testimonio es la supuesta entrega de credenciales de la Policía Judicial de Baja California.
De acuerdo con la declaración atribuida a “El Chapo”, Benjamín Arellano Félix le habría ofrecido conseguir una credencial de esa corporación mediante el procurador estatal.
El señalamiento fue retomado por Milenio a partir de una copia del documento correspondiente a la declaración de 1993.
Sin embargo, se trata de una acusación contenida en un testimonio ministerial y no de una resolución judicial que determine responsabilidad de Ruffo.
La diferencia es relevante debido a que una declaración o acusación no equivale por sí misma a una sentencia o prueba definitiva de la comisión de un delito.
Sheinbaum no pidió abrir una investigación
La presidenta evitó solicitar directamente a la FGR que iniciara una investigación contra el exgobernador.
En cambio, señaló que corresponde a la institución determinar si los hechos expuestos son suficientes para justificar una indagatoria.
“Ya la Fiscalía, en todo caso, que revise si es pertinente una investigación”, señaló.
Sheinbaum también recordó que en 2017 el expresidente Felipe Calderón había publicado en redes sociales un señalamiento relacionado con el mismo tema.
La postura de la mandataria fue dejar el análisis en manos de la autoridad ministerial para evitar una conclusión anticipada sobre las acusaciones.
Un caso que vuelve a generar debate
Ernesto Ruffo Appel fue gobernador de Baja California de 1989 a 1995 y fue el primer mandatario estatal de oposición en México después de varias décadas de gobiernos priistas.
Más de tres décadas después de la declaración de “El Chapo”, el contenido de aquel testimonio vuelve a generar preguntas sobre las presuntas relaciones entre funcionarios y organizaciones criminales durante aquella época.
Hasta ahora, la discusión se centra en determinar si los señalamientos históricos cuentan con elementos adicionales que permitan sustentar una investigación formal.
La FGR deberá valorar la información disponible y, en caso de considerar que existen elementos suficientes, decidir si procede iniciar las indagatorias correspondientes.
Por el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que será la Fiscalía la que tendrá la última palabra sobre la pertinencia de investigar los señalamientos contra el exgobernador de Baja California.
