Impunaciones a la Elección Judicial en México
La reciente elección judicial en México ha sido escenario de una creciente controversia, impulsada por la impugnación de resultados a cargo de la oposición política y la sociedad civil. El Partido Acción Nacional (PAN) y organizaciones como Poder Ciudadano y Defensorxs están a la vanguardia de estas protestas, asegurando que ha existido un seguimiento detallado del proceso electoral, un hecho que ha llevado a cuestionar la legitimidad de los resultados.
El PAN se ha posicionado como uno de los principales actores en esta disputa, denunciando serias irregularidades que, según afirman, mancharon la elección del 1 de junio. Las acusaciones son contundentes: se habla de la exclusión de ciertos partidos del proceso, inducción al voto y manipulación de las urnas. Además, se alega el uso indebido de recursos públicos en beneficio del partido gobernante, Morena. Estas denuncias son parte de una estrategia legal más amplia destinada a solicitar la anulación de la elección, motivada por la necesidad de prevenir lo que consideran una inminente dictadura.
Desde el inicio de este proceso, se han registrado más de 180 impugnaciones ante el Tribunal Electoral, muchas de ellas respaldadas por candidatos que se sienten afectados por estos supuestos atropellos. Las organizaciones civiles han sido aliadas en esta lucha, haciendo eco de las irregularidades denunciadas, que incluyen la distribución masiva de “acordeones”, fallas en la selección de candidatos y anomalías en las casillas electorales. Un caso emblemático de esta ola de impugnaciones es el que busca anular la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la sorprendente coincidencia entre los resultados electorales y las listas de los “acordeones”.
Por su parte, Morena ha reaccionado señalando que los grupos detrás de estas impugnaciones no son verdaderos ciudadanos, sino actores políticos que buscan desacreditar un proceso electoral que han considerado limpio y legítimo. Este enfrentamiento entre la oposición y el partido en el poder no solo pone en beto la legitimidad de la elección judicial, sino que también revela las tensiones políticas que persisten en el panorama electoral mexicano.
