La Contraloría Municipal de El Carmen inhabilitó por un año a Humberto Medina Quiroga, conocido como “Rocco”, quien encabezó la administración municipal durante el periodo 2021-2024, tras determinar que incumplió obligaciones de transparencia y desatendió resoluciones que le exigían publicar información relacionada con la gestión del Ayuntamiento.
La sanción fue determinada el 16 de octubre de 2026, como parte de un procedimiento de responsabilidad administrativa que integró los expedientes ASMC-002/2026 al ASMC-033/2026, de acuerdo con información difundida por el Gobierno municipal.
Según la resolución, se acreditaron incumplimientos a disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de la falta de atención a requerimientos para hacer públicos datos financieros y otros documentos relacionados con la administración municipal.
Las obligaciones derivaban de resoluciones emitidas por el entonces órgano estatal de transparencia, que había solicitado en distintas ocasiones atender los requerimientos de información pública. Estos procedimientos tienen como propósito garantizar que las personas puedan acceder a documentos y datos generados por las autoridades en el ejercicio de sus funciones.
La transparencia gubernamental comprende, entre otros aspectos, la publicación de información sobre el manejo de recursos públicos, las decisiones administrativas y los documentos que deben estar disponibles para consulta ciudadana. Cuando una autoridad no entrega la información solicitada o incumple una resolución que le ordena hacerlo, los organismos competentes pueden imponer medidas para exigir que atienda sus obligaciones.
En este caso, la sanción administrativa no se limita a una multa económica, sino que establece una inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos. La medida fue emitida después de que Medina Quiroga concluyera su periodo como alcalde de El Carmen.
La inhabilitación por un año implica que el exfuncionario no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante el periodo establecido en la resolución, conforme a los alcances de la sanción.
Para dar seguimiento a la medida, el Ayuntamiento informó que notificó a la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León, encabezada por María Teresa Herrera Tello, y solicitó el registro y la ejecución de la sanción conforme a la legislación aplicable.
El procedimiento se integró en varios expedientes administrativos, del ASMC-002/2026 al ASMC-033/2026. La acumulación de expedientes indica que el procedimiento comprendió diversas actuaciones o asuntos administrativos, aunque la información difundida no detalla de manera individual cada uno de los requerimientos incumplidos ni los documentos específicos que debían publicarse.
Por ello, el alcance de la sanción debe entenderse a partir de lo establecido en la resolución administrativa: el incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y la desatención de determinaciones que exigían proporcionar información pública.
La inhabilitación tampoco debe confundirse con una condena penal. Se trata de una sanción administrativa relacionada con el desempeño de responsabilidades públicas y el cumplimiento de las disposiciones que regulan el acceso a la información.
La sanción anunciada en octubre de 2026 tiene antecedentes durante la administración de Medina Quiroga. En septiembre de 2023, cuando todavía se desempeñaba como alcalde de El Carmen, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León le impuso seis multas que, en conjunto, ascendieron a 497 mil 952 pesos.
Cada una de aquellas sanciones económicas fue de 82 mil 992 pesos. La determinación se tomó después de que el organismo analizara incumplimientos relacionados con solicitudes ciudadanas de información.
Además de las multas, el instituto ordenó al entonces presidente municipal realizar la búsqueda de los documentos solicitados y ponerlos a disposición de la persona que los había requerido, de acuerdo con los términos establecidos en las resoluciones correspondientes.
Las medidas buscaban que el Ayuntamiento respondiera las peticiones y entregara la documentación, en lugar de dejar sin atender las solicitudes de acceso a la información.
Durante ese mismo periodo, el organismo estatal resolvió distintos recursos de revisión, procedimientos mediante los cuales una persona puede inconformarse cuando considera que una autoridad no respondió adecuadamente una solicitud de información o restringió indebidamente el acceso a documentos públicos.
Los antecedentes muestran que los incumplimientos en esta materia fueron objeto de diversas medidas durante la gestión municipal. Sin embargo, las multas impuestas en 2023 y la inhabilitación determinada en octubre de 2026 corresponden a procedimientos distintos, por lo que no deben presentarse como una sola sanción ni sumarse como si formaran parte de una misma resolución.
