Una solicitud para que senadores utilizaran el salón de protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), un espacio destinado a diplomáticos y funcionarios de alto nivel, desató críticas por los posibles privilegios para representantes públicos y terminó con una negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La petición fue enviada el pasado 5 de octubre a la Cancillería, mediante un oficio firmado por Daniel Sibaja, secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado. En el documento se planteó la posibilidad de que los legisladores tuvieran acceso a estas instalaciones los días en que viajaran para cumplir con sus responsabilidades parlamentarias.
El argumento expuesto fue facilitar sus traslados y contribuir al cumplimiento de sus actividades legislativas. Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos debido a que el salón de protocolo está destinado a la atención de diplomáticos y otras personalidades, por lo que permitir el acceso a senadores abrió el debate sobre el trato diferenciado a los integrantes del Poder Legislativo.
La controversia también puso en duda si la solicitud contaba con el respaldo formal de la Mesa Directiva del Senado, ya que algunos de sus integrantes se deslindaron de la iniciativa.
La senadora del PRI Claudia Anaya, quien forma parte de la Mesa Directiva, hizo pública la existencia del oficio y señaló que ella no había solicitado ese beneficio.
Posteriormente, el presidente del Senado, Higinio Martínez, calificó como un “error garrafal” el envío de la petición y aseguró que la Mesa Directiva no había autorizado formalmente la solicitud. De acuerdo con su explicación, el secretario técnico interpretó de manera equivocada lo discutido y se excedió en sus funciones.
La polémica también involucró versiones sobre el origen de la propuesta. Entre ellas, se señaló al senador del Partido Verde Jorge Carlos Ramírez Marín como quien habría planteado inicialmente la idea durante una conversación interna, aunque no quedó establecido públicamente que existiera un acuerdo formal de los legisladores para solicitar el acceso.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 23 de octubre que la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó la petición para que los senadores pudieran utilizar el salón de protocolo del AICM.
La mandataria sostuvo que no debe haber privilegios para los funcionarios públicos, en línea con el discurso de austeridad que su administración ha defendido para el ejercicio del servicio público.
Con la negativa, los legisladores no obtuvieron la autorización solicitada para utilizar este espacio exclusivo. El caso, sin embargo, abrió cuestionamientos sobre los mecanismos internos del Senado para presentar peticiones institucionales y sobre los límites entre las facilidades para el desempeño de las funciones públicas y la concesión de beneficios especiales.
La controversia se suma al debate sobre la austeridad en el Gobierno y el Poder Legislativo, particularmente cuando se trata de solicitudes que podrían representar un trato diferenciado para funcionarios frente al resto de los usuarios de servicios públicos.
Aunque la petición se justificó como una medida para facilitar los traslados relacionados con las labores parlamentarias, la falta de autorización formal reconocida por la presidencia del Senado y el rechazo de la Cancillería colocaron la iniciativa bajo escrutinio público.
El episodio también evidenció diferencias dentro del propio Senado sobre la forma en que se gestionó la solicitud, mientras que la respuesta del Ejecutivo dejó clara su postura de no conceder el acceso solicitado bajo el argumento de evitar privilegios para los servidores públicos.
La discusión también puso sobre la mesa el uso de las áreas especiales en las terminales aéreas y los criterios para autorizar su utilización. El salón de protocolo del AICM ofrece atención diferenciada a representantes diplomáticos y personalidades de alto nivel, por lo que extender ese acceso a otros funcionarios requiere una justificación y una autorización de las instancias responsables.
En este caso, la controversia no se limitó a la petición en sí, sino también a la manera en que fue tramitada. El hecho de que el oficio se enviara en nombre de la Mesa Directiva, mientras su presidente sostuvo que no existía una autorización formal, generó dudas sobre los procedimientos internos para comunicar solicitudes institucionales a otras dependencias.
La negativa de la Cancillería frenó la posibilidad de que los senadores utilizaran ese espacio bajo las condiciones planteadas. Además, la respuesta presidencial trasladó la discusión al terreno político, al contrastar la búsqueda de facilidades para los legisladores con el compromiso de evitar beneficios especiales para quienes ocupan cargos públicos.
El caso dejó en evidencia la sensibilidad que generan las solicitudes de trato preferencial para representantes populares, especialmente en un contexto en el que la austeridad y la rendición de cuentas forman parte del debate público. Aunque el argumento inicial apuntaba a facilitar los desplazamientos por motivos legislativos, la propuesta terminó bajo cuestionamiento por el tipo de instalaciones a las que se pretendía acceder y por las dudas sobre quién autorizó el trámite.
