El gobierno de Donald Trump ha intensificado su política migratoria con una nueva fase enfocada en restringir el acceso de migrantes indocumentados a empleo, vivienda, educación y servicios en Estados Unidos.
Esta estrategia se implementa en un contexto de críticas por redadas masivas, en las que se reporta un promedio de mil detenciones diarias. De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 se han registrado cerca de 36 mil deportaciones mensuales y unos 60 mil migrantes en centros de detención en los primeros meses del año.
Las autoridades han defendido la política al señalar que ha aumentado la “autodeportación”, aunque la falta de datos públicos constantes impide confirmar el alcance real de esta tendencia.
Según un informe de CNN, alrededor de 72 mil migrantes han informado su intención de abandonar el país bajo este esquema, cifra menor a la proyectada por el gobierno.
El asesor Stephen Miller ha impulsado medidas para acelerar deportaciones, incluyendo presión sobre el sistema judicial migratorio y cambios en los procesos internos.
Además, el gobierno ha promovido restricciones en el acceso a vivienda, financiamiento, licencias y educación, en una estrategia que busca ampliar el alcance del control migratorio mediante acciones administrativas.
