Las autoridades venezolanas confirmaron la liberación de 179 personas privadas de la libertad luego de la implementación de la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento, mientras que más de 4 mil solicitudes continúan en proceso de evaluación.
El procedimiento establece que los beneficiarios deben acudir a tribunales para solicitar la aplicación del beneficio legal, lo que ha generado críticas por retrasos en la revisión de los casos.
La legislación busca atender procesos relacionados con hechos políticos, aunque sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos cuestionan la eficacia del mecanismo y la falta de liberaciones masivas.
Redacción/El Telégrafo
