NLínea concentra desde ahora cinco diferentes procesos de alta vehicular en un solo procedimiento automatizado, según informó el Gobierno de Nuevo León. Mariela Saldívar Villalobos, titular de la Oficina Ejecutiva, indicó que la medida forma parte de la agenda de mejora regulatoria impulsada por el gobernador Samuel García para optimizar la atención ciudadana mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.
El nuevo formato agrupa bajo la denominación general de Alta de Vehículos los trámites de unidades importadas, vehículos recreativos todoterreno, registros generales, modalidades foráneas y el esquema Ponlo a Tu Nombre. Mediante este canal digital, los usuarios pueden adjuntar los comprobantes de propiedad, cubrir los pagos correspondientes y recibir la validación de los asesores sin necesidad de acudir de forma inmediata a las oficinas físicas. Para revisar aspectos normativos a nivel nacional, se puede consultar el portal del Gobierno de México: https://www.gob.mx/
Asimismo, Carlos Comsille Villarreal, titular del Instituto de Control Vehicular, destacó que el sistema reduce significativamente los tiempos de espera. Tras la aprobación digital de los documentos, la cita para la entrega de placas se agenda comúnmente en un día, reservando la inspección física exclusivamente para situaciones con irregularidades documentales.
Mientras tanto, la administración estatal avanza en la integración de un padrón más ordenado, prestando especial atención al porcentaje de vehículos con placas de otras entidades que circulan en el estado y cuyos propietarios deben regularizarse. Actualmente, el instituto procesa cientos de miles de gestiones anuales, por lo que este salto digital busca desahogar la atención presencial en las oficinas de servicio.
La estrategia contempla transformar medio centenar de trámites prioritarios a lo largo de este periodo, impactando positivamente a millones de habitantes. Las autoridades reiteraron la importancia de realizar estas operaciones únicamente a través del sitio web oficial del gobierno estatal para garantizar la seguridad de los datos personales.
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