Nuevo León quedó bajo la lupa del Gobierno federal por las irregularidades detectadas en la comercialización de combustibles, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara a la entidad como uno de los puntos donde se identificó la llegada de hidrocarburo ilegal durante el análisis de operaciones correspondientes a 2025.
El señalamiento se dio a conocer durante la conferencia matutina presidencial, en la que se presentaron resultados del cruce de información fiscal, comercial y aduanera para detectar posibles esquemas de contrabando y evasión de impuestos en el mercado de combustibles.
Al ser cuestionada sobre la presencia de estas operaciones en Nuevo León, Sheinbaum explicó que los registros mostraron que una parte del combustible ilegal llegaba al estado. También mencionó irregularidades en determinadas zonas del Estado de México, Guanajuato, Puebla y Jalisco, aunque destacó a Nuevo León entre las entidades donde se identificaron anomalías importantes.
La mandataria precisó que las autoridades todavía analizan si las irregularidades detectadas en la entidad corresponden únicamente a la comercialización de combustible ilegal o si abarcan otras etapas de la cadena de suministro. Por ello, el señalamiento no implica que todas las operaciones de hidrocarburos en Nuevo León sean ilícitas ni establece por sí mismo responsabilidades penales de empresas o personas.
El caso forma parte de una revisión nacional que busca rastrear el recorrido de los combustibles desde su importación hasta su venta en estaciones de servicio, con el propósito de identificar diferencias entre los volúmenes declarados, adquiridos, transportados, facturados y comercializados.
El llamado huachicol fiscal se diferencia del robo tradicional de combustible, que suele relacionarse con la extracción ilegal mediante perforaciones clandestinas en ductos o el robo de pipas.
En su modalidad fiscal, el esquema puede involucrar la introducción o comercialización irregular de hidrocarburos, declaraciones aduaneras falsas, documentación que no corresponde al producto transportado y operaciones comerciales que permiten evadir impuestos.
Una de las modalidades investigadas consiste en declarar combustible como otra mercancía o utilizar clasificaciones incorrectas para reducir las contribuciones que deben pagarse al ingresar el producto al país. También pueden existir inconsistencias entre los litros importados, los facturados por los comercializadores y los registrados como vendidos en el mercado nacional.
La operación puede involucrar a distintos participantes de la cadena: importadores, comercializadores, transportistas, almacenistas, distribuidores y estaciones de servicio. Sin embargo, la presencia de una empresa en alguno de estos eslabones no significa que haya cometido un delito; las irregularidades deben acreditarse mediante las investigaciones correspondientes.
El atractivo económico de este esquema radica en la posibilidad de colocar combustible en el mercado sin cubrir todas las obligaciones fiscales que corresponderían a una operación legal. Esto puede generar una ventaja indebida frente a los competidores que sí cumplen con los requisitos de importación, documentación y pago de impuestos.
Además de afectar la recaudación pública, el comercio irregular puede dificultar la trazabilidad del producto y complicar la identificación de su origen, sus condiciones de transporte y las personas que participaron en las distintas transacciones.
Los registros de delitos en materia de hidrocarburos también muestran que Nuevo León enfrenta una problemática que va más allá del señalamiento realizado por la Presidencia.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas por Milenio en julio de 2026, la entidad pasó de 315 a 352 registros en el periodo semestral comparado entre 2023 y 2026. El medio reportó un incremento de 12 por ciento en los delitos contemplados por la legislación en materia de hidrocarburos durante los últimos tres años.
Es importante precisar que estas cifras corresponden a delitos relacionados con hidrocarburos y no permiten atribuir todos los registros exclusivamente al huachicol fiscal. En esta categoría pueden existir conductas distintas, por lo que los datos deben interpretarse junto con las investigaciones específicas de contrabando y evasión de impuestos.
La ubicación de Nuevo León también representa un factor relevante para las autoridades. Su conexión con carreteras, vías ferroviarias y centros industriales permite el movimiento de mercancías entre distintos puntos del país y hacia la frontera con Estados Unidos.
Esta infraestructura es fundamental para la economía regional, pero también hace necesario vigilar que los productos transportados cumplan con las disposiciones fiscales, aduaneras y regulatorias correspondientes.
A diferencia de las entidades que cuentan con puertos marítimos donde pueden recibirse cargamentos de hidrocarburos provenientes del extranjero, Nuevo León puede desempeñar un papel dentro de las redes terrestres de transporte, almacenamiento y comercialización. Determinar si una operación irregular pasó por el estado, si el combustible se almacenó ahí o si únicamente se vendió en el mercado local requiere revisar cada caso por separado.
