El Poder Judicial de Nuevo León junto con organismos autónomos estiman pérdidas de casi $900 millones de pesos de no estipularse el Presupuesto 2023 a consecuencia de retrasos por el conflicto entre la Administración del Gobernador emecista Samuel García y el Congreso local.
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De los afectados serían el Instituto Estatal Electoral (IEE) con una baja de 230 millones de pesos aproximadamente, limitando recursos para las elecciones del 2024; la Fiscalía General del Estado, que no recibiría unos 370 millones de pesos, lo que evitaría la contratación de 410 plazas, así como la construcción de infraestructura y el Poder Judicial del Estado dijo que están en riesgo proyectos especiales por 266 millones de pesos.
La presidenta del IEE, Beatriz Adriana Camacho indicó que se solicitaron 830 millones de pesos para el siguiente año, pero esperan recibir entre 550 y 660 millones.
“(Debemos) Iniciar justamente con todos los preparativos (para la elección del 2024) rentar locales en cada una de las 51 comisiones municipales, contratar personal y demás”, dijo Camacho. Considerando que, de no observar su petición presupuestal, deberán solicitar una ampliación.
“Aunque el año electoral arranca en octubre, nosotros operativamente en la planeación, comenzamos en junio o julio con la búsqueda de espacios, bodegas, casas para las juntas municipales, el trabajo previo es el que se aplazaría”
“Tendríamos que ver el generar una ampliación de presupuesto porque si no estaría en riesgo (la elección), o aplazar un poco más, un mes o dos meses, la contratación de estos servicios” agregó.
La fiscalía encabezada por el interino Pedro Arce, explicó que se afectaría la contratación de 410 plazas operativas para Ministerios Públicos, Auxiliares de Investigación, Agentes Ministeriales y Peritos, vacantes desde el 2018, cuando se creó el organismo.
De igual modo, afectaría la construcción de un Centro de Justicia, Protección e Investigación de Delitos Contra la Mujer, Niñas, Niños y Adolescentes, el equipamiento del nuevo Servicio Médico Forense y la rehabilitación de Centros de Justicia.
