La situación política en Sinaloa dio un giro inesperado durante los últimos días, luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya decidiera regresar al cargo que había dejado temporalmente desde mayo.
El mandatario había permanecido separado de la gubernatura durante más de tres meses, en medio de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que se trata de señalamientos con motivaciones políticas. El gobierno mexicano, por su parte, ha señalado que la información proporcionada por Estados Unidos no era suficiente para proceder a una extradición, aunque se mantiene abierta una investigación en México.
El problema político se agravó cuando Rocha anunció el 21 de agosto que retomaría sus funciones como gobernador.
Su regreso no fue recibido como esperaba.
Solo estuvo 34 horas en el cargo
Rocha Moya volvió a la gubernatura el viernes, pero su permanencia fue extremadamente breve.
Después de aproximadamente 34 horas, el gobernador solicitó nuevamente licencia al Congreso estatal.
La decisión llegó después de que su regreso provocara críticas desde diferentes sectores políticos y sociales, incluyendo cuestionamientos dentro de su propio partido.
La presidenta Claudia Sheinbaum también marcó distancia con la decisión. Sin mencionar inicialmente a Rocha directamente, advirtió que ningún interés personal podía estar por encima de los intereses de la población y posteriormente calificó su regreso como una decisión “no apropiada” y “temeraria”.
El Congreso de Sinaloa aprobó posteriormente la nueva licencia por más de 30 días y abrió el camino para designar a un gobernador interino.
¿Por qué la situación se volvió tan complicada?
El conflicto no se explica solamente por la decisión personal de Rocha de regresar.
Detrás existe una combinación de acusaciones internacionales, investigaciones, violencia en Sinaloa y una disputa política dentro de Morena.
En abril, fiscales estadounidenses presentaron acusaciones contra Rocha y otros funcionarios y exfuncionarios, señalándolos de presuntamente colaborar con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con las acusaciones estadounidenses, los funcionarios habrían recibido beneficios políticos o económicos a cambio de facilitar actividades del grupo criminal.
Es importante señalar que se trata de acusaciones y no de una condena judicial. Rocha Moya ha negado los señalamientos y los ha calificado como un ataque político.
La controversia adquirió todavía mayor relevancia porque Rocha se convirtió en el primer gobernador mexicano en funciones señalado penalmente en Estados Unidos por este tipo de acusaciones, según Reuters.
El problema también llegó a Morena
La crisis comenzó a dividir al partido gobernante en Sinaloa.
Por un lado se encuentran los grupos que respaldaron políticamente a Rocha Moya y consideran que debe respetarse su posición. Por otro, existe un sector que busca una nueva etapa para el gobierno estatal y considera necesario alejarse de la polémica que rodea al mandatario.
La tensión también llegó al Congreso local, donde las discusiones para definir al sustituto se prolongaron durante horas.
La designación del nuevo gobernador interino se convirtió así en una disputa que iba más allá de encontrar a una persona para ocupar temporalmente el cargo: representaba también una definición sobre qué grupo político tendrá el control del gobierno de Sinaloa durante los próximos meses.
Graciela Domínguez toma el control
Después de varias horas de negociaciones, el Congreso de Sinaloa designó este 25 de agosto a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina.
Domínguez tiene una larga trayectoria política en Sinaloa y pertenece a Morena. Ha sido diputada local y secretaria de Educación Pública y Cultura del estado.
Su llegada resulta significativa porque no pertenece al grupo más cercano a Rocha y anteriormente tuvo diferencias políticas con él.
La nueva gobernadora tendrá la responsabilidad de completar los aproximadamente 14 meses que restan del actual periodo gubernamental, además de enfrentar un escenario marcado por divisiones políticas y problemas de seguridad.
La violencia también pesa
La crisis política ocurre mientras Sinaloa continúa enfrentando una situación de violencia relacionada con la disputa entre grupos del crimen organizado.
El conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa ha provocado durante los últimos meses homicidios, desapariciones y afectaciones a la actividad económica del estado.
Por ello, la discusión sobre quién debe gobernar Sinaloa no se limita a una disputa entre políticos.
La administración estatal tendrá que enfrentar un escenario en el que la seguridad es uno de los principales reclamos de la población y donde cualquier señal de inestabilidad política puede tener repercusiones sobre las instituciones y la economía.
¿Qué sigue para Sinaloa?
Con Graciela Domínguez al frente, el siguiente reto será recuperar la gobernabilidad y reducir las divisiones que quedaron expuestas durante los últimos días.
La presidenta Sheinbaum había planteado precisamente la necesidad de recuperar la estabilidad del estado y contar con una persona que pudiera conducir el cierre del actual gobierno.
Al mismo tiempo, la situación de Rubén Rocha Moya todavía no termina. Aunque dejó nuevamente la gubernatura, continúan las investigaciones relacionadas con los señalamientos formulados en Estados Unidos y las indagatorias abiertas en México.
La oposición también ha aprovechado la crisis para exigir una investigación más profunda. El PAN incluso planteó un juicio político contra Rocha y la posibilidad de desaparecer los poderes en el estado.
Así, lo que comenzó como el regreso de un gobernador después de una licencia terminó convirtiéndose en una de las mayores crisis políticas recientes de Sinaloa.
Ahora, Graciela Domínguez deberá conducir el estado mientras Morena intenta recomponer sus divisiones, las autoridades investigan los señalamientos contra funcionarios y Sinaloa continúa enfrentando una complicada situación de seguridad.
