El sistema judicial de Corea del Sur dictó cadena perpetua contra el expresidente Yoon Suk Yeol al considerarlo responsable de encabezar una insurrección tras la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024, una medida que derivó en un choque institucional con el Parlamento y posteriores procesos judiciales.
El tribunal determinó que la orden presidencial de desplegar militares en la Asamblea Nacional para impedir la votación que buscaba revocar el decreto constituyó una acción que atentó contra el orden constitucional. Aunque la Fiscalía solicitó la pena capital, los jueces optaron por la cadena perpetua tras valorar distintos factores del caso.
La investigación reveló presuntas coordinaciones entre el exmandatario y altos funcionarios del Gobierno para sostener la ley marcial pese a la falta de fundamentos constitucionales, además de intentos por detener a actores políticos y electorales.
Durante su defensa, Yoon sostuvo que la medida pretendía servir como advertencia ante una crisis nacional y negó que buscara alterar el sistema democrático. Sin embargo, el tribunal concluyó que los argumentos no desvirtuaban la existencia de una insurrección.
El fallo fue emitido en medio de manifestaciones a favor y en contra del exgobernante en Seúl, donde las autoridades reforzaron la seguridad en la zona judicial.
La resolución judicial se suma a condenas previas contra integrantes del gabinete que participaron en la decisión, entre ellos el exministro del Interior Lee Sang Min y el ex primer ministro Han Duck Soo, ambos hallados culpables de delitos vinculados con la imposición de la ley marcial.
La crisis política provocada por la medida concluyó con la anulación parlamentaria del decreto y la posterior destitución de Yoon mediante un proceso de juicio político confirmado por el Tribunal Constitucional.
