Un recorrido nocturno en patines con temática de Halloween terminó con la detención de 24 personas en San Pedro Garza García, Nuevo León, luego de que elementos de la Policía Municipal señalaran que los organizadores no presentaron el aviso requerido para realizar actividades recreativas que pudieran afectar la circulación vial.
La intervención ocurrió la noche del sábado 24 de octubre, en el cruce de Bosques del Valle y la avenida Vasconcelos, sobre la calzada Mauricio Fernández Garza. El grupo estaba conformado por 17 hombres y siete mujeres, todos mayores de edad, quienes fueron puestos a disposición de Justicia Cívica para determinar su situación administrativa.
De acuerdo con el artículo 114 del Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial de San Pedro Garza García, los organizadores de concentraciones recreativas o deportivas que puedan afectar la circulación deben presentar un aviso por escrito con al menos 10 días hábiles de anticipación, con el objetivo de que las autoridades implementen las medidas de seguridad necesarias.
El operativo generó inconformidad entre organizaciones civiles y colectivos de movilidad, que cuestionaron la actuación policial y la aplicación del reglamento municipal.
Once agrupaciones solicitaron que se retiren las sanciones impuestas a los participantes, se eliminen las fotografías de los detenidos difundidas por las autoridades y se investigue una posible actuación irregular de los elementos policiales. También pidieron revisar el artículo 114 para evitar que se utilice de manera discrecional contra quienes realizan actividades recreativas en la vía pública.
Los colectivos argumentaron que patinar en grupo no debe considerarse por sí mismo una conducta delictiva y cuestionaron que la falta del aviso administrativo derivara en la detención de los participantes.
Además, señalaron que la noche del viernes 23 de octubre otro grupo de patinadores había recorrido vialidades del municipio y se retiró después de que los policías le solicitaran despejar la circulación, sin que se registraran arrestos en esa ocasión.
Los 24 patinadores permanecieron aproximadamente 10 horas bajo arresto administrativo y recuperaron su libertad durante la mañana del domingo 25 de octubre, después de cubrir una sanción económica cercana a los 20 mil pesos, según reportes periodísticos.
El caso abrió una discusión sobre la aplicación de los reglamentos de movilidad, el uso de las calles para actividades deportivas y recreativas y los límites de la actuación policial.
Mientras el municipio sostiene que el aviso previo permite organizar medidas de seguridad y proteger la circulación, los colectivos consideran que la disposición debe revisarse para garantizar el derecho a la movilidad y a la reunión sin sanciones desproporcionadas.
Las organizaciones también solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León para que se revisen las circunstancias de las detenciones y se determine si existieron posibles violaciones a los derechos de los participantes.
La detención de los patinadores también puso sobre la mesa la necesidad de revisar los criterios que utilizan las autoridades municipales para intervenir en actividades recreativas realizadas en espacios públicos. Para los colectivos de movilidad, la falta de un aviso previo debe atenderse mediante mecanismos administrativos y de diálogo, sin recurrir automáticamente a medidas que impliquen el traslado de los participantes ante un juez cívico.
Las agrupaciones solicitaron que se establezcan reglas claras para organizar recorridos en patines, bicicletas y otros medios de movilidad no motorizada, con el propósito de garantizar la seguridad de los participantes y de quienes transitan por las calles. Asimismo, pidieron que las autoridades informen con anticipación cuáles son los requisitos para realizar estas actividades y qué sanciones contempla el reglamento en caso de incumplimiento.
El incidente también reavivó la discusión sobre el acceso de deportistas y grupos recreativos a las vialidades de la zona metropolitana de Monterrey. Los recorridos colectivos en patines se han convertido en una forma de convivencia y actividad física para distintas comunidades, pero requieren coordinación cuando atraviesan avenidas con circulación vehicular.
En San Pedro Garza García, el caso plantea el desafío de conciliar las disposiciones de tránsito con el derecho de las personas a reunirse y utilizar los espacios públicos. Mientras las autoridades buscan prevenir accidentes y mantener el orden vial, los colectivos piden que las medidas aplicadas sean proporcionales y que exista comunicación previa para evitar que situaciones similares terminen en detenciones.
La controversia podría impulsar una revisión de los procedimientos municipales para organizar actividades deportivas en grupo y establecer alternativas que permitan realizar estos recorridos con condiciones de seguridad, sin generar conflictos entre participantes, automovilistas y autoridades.
