Desde el pasado 25 de noviembre, la segunda plaza de toros más importante de México se vio obligada a cancelar su temporada taurina en Guadalajara. La plaza de toros Nuevo Progreso fue sometida a una prohibición cautelar de ofrecer festejos con toros, pero recientemente este amparo que motivó la prohibición ha sido sobreseído.
Tras casi seis meses de suspensión provisional de los eventos taurinos en la ciudad, un juzgado publicó este martes el sobreseimiento del amparo que había provocado la cancelación de la actividad taurina. Aunque las razones detrás de esta decisión no han sido reveladas, fuentes jurídicas cercanas al caso sugieren que los quejosos no lograron demostrar la afectación en su interés jurídico o legítimo que alegaban proteger.
A pesar de este sobreseimiento, la suspensión sigue vigente hasta que se revoque o la sentencia sea definitiva. Las asociaciones que presentaron el amparo tienen la opción de recurrir la decisión, pero si no lo hacen en el plazo estipulado por la ley, el sobreseimiento será considerado definitivo.
La prohibición se originó cuando un juez de Jalisco ordenó a finales de 2023 la suspensión cautelar de la actividad taurina en Guadalajara, lo que llevó a la cancelación de las corridas programadas en la plaza Nuevo Progreso. Esta decisión se tomó en respuesta a una solicitud presentada por grupos animalistas, incluyendo AnimaNaturalis.
La empresa Espectáculos de Monterrey Sociedad Anónima (EMSA), responsable de gestionar la plaza Nuevo Progreso, emitió un comunicado anunciando la cancelación de las corridas de toros programadas, acatando la decisión judicial.
Este giro legal no solo afectó a Guadalajara, sino que también tuvo repercusiones en la capital del país, donde la actividad taurina fue suspendida en la monumental plaza de toros México. Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los argumentos del amparo que impedían realizar corridas de toros en la plaza ubicada en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, desde junio de 2022.
Aunque la controversia continúa, este sobreseimiento marca un paso significativo en el debate sobre las corridas de toros en México, destacando la importancia de un equilibrio entre la protección de los derechos de los animales y la preservación de las tradiciones culturales arraigadas en la sociedad.
